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Con votación 5-4, el alto tribunal declaró inconstitucional el decreto 811 de 2020 que le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del Estado de Emergencia y luego enajenarlas. Congresistas decían que el decreto permitía privatizar activos de la Nación.

Según el Gobierno, el objetivo era ayudar a mitigar los efectos económicos producidos por la coyuntura en las empresas, pero el alto tribunal estimó que el decreto no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción especifica en relación al estado de Emergencia.

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